domingo, 1 de mayo de 2011

LA VERDADERA LOCOMOTORA QUE NECESITA EL PUEBLO ES LA REVOLUCIÓN

Este primero de mayo nos encontramos con el gobierno de Santos, y vale preguntarnos ¿qué significa esto para el pueblo colombiano? Si bien somos conscientes de que no se pueden caracterizar los gobiernos simplemente a partir de quién sea el presidente, sí podemos tener pistas de lo que representan y harán. Veamos.

Santos fue ministro de comercio exterior durante la apertura neoliberal de Gaviria, que quebró el poco desarrollo nacional existente, postrándonos más al mercado impuesto por las potencias imperialistas; luego fue ministro de hacienda del gobierno Pastrana, recordado por el recorte a las transferencias que redujeron el presupuesto a la educación, salud y saneamiento público y para completar, ejerció como ministro de defensa de la 'seguridad democrática' de Uribe, del cual conocemos de sobra sus incontables crímenes contra el pueblo, baste nombrar los viles asesinatos extrajudiciales de masas, mal llamados "falsos positivos". Vamos viendo entonces quién es este señor, un hijo selecto de la gran burguesía -sobrino de ex presidente, primo de vicepresidente-, nacido en 'cuna de oro', educado en los EE.UU. y agente del imperialismo. Ahora analicemos algunos de los elementos que hay en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) "Prosperidad para todos 2010-2014", así como algunos de los proyectos bandera de este gobierno, que nos permiten caracterizar más claramente este periodo.

La política económica plasmada en el PND destaca porque buscará seguir aumentando la inversión de gran capital, principalmente privado, como mecanismo de impulso de las diferentes ramas de la economía, donde la minería y el sector agroindustrial son centrales. No se habla de un cambio de modelo, mucho menos cambio de sistema económico; se trata de impulsar lo existente con dicha inversión y aplicar algunas reformas al Estado -"medidas modernizadoras", en palabras del PND- que permitan hacer más eficiente la explotación y el saqueo.

Para el campo  tenemos la ley de tierras y ley de víctimas. Con ellas buscan reducir las tensiones sociales y la presión internacional sobre el Estado colombiano, debido a los innumerables y atroces crímenes que éste ha cometido mediante su aparato legal e ilegal, disimulándolos y maquillando las estadísticas. Detrás de la cortina de la ''reparación'' y bajo el argumento de "desarrollo empresarial en el campo", se abre más la puerta a las multinacionales para que usufructúen nuestra tierra, la mano de obra rural manteniendo y desarrollando relaciones semifeudales, como en el caso de varios de los megaproyectos agrarios que vienen impulsando bajo la modalidad asociativa.

Aunque se habla de distribución de tierras (6 millones de hectáreas) en manos de la 'ilegalidad' (narco-paramilitarismo), es claro que nada de esto cambiará la estructura semifeudal del país: con relaciones de producción pre-capitalistas en el campo (aparcería, pago de renta de la tierra en especie, con trabajo y dinero), expresiones arraigadas entre las masas de sumisión individual (servidumbre) y el poder gamonal en las regiones quienes imponen la ley con las bandas de asesinos a sueldo y la propiedad latifundista sobre la cual se levanta todo el sistema económico. Esta condición ha sido persistente a pesar de innumerables ‘reformas agrarias’, cuyos resultados a lo largo del siglo XX en nuestro país no han hecho más que confirmar el carácter y el fin de las leyes dentro de este Estado burocrático-terrateniente, sin importar el gobierno de turno y las etiquetas que le hayan puesto a sus políticas. Desde 1936, apenas 1.5 millones de hectáreas han sido "redistribuidas" por compra, casi nada por expropiación y la estructura agraria sigue intacta: latifundios improductivos o de-dicados a la agricultura de exportación, al lado de mini y micro fundíos de subsistencia. ¡En más de 70 años, el problema de la tierra, de su propiedad y dedicación, no ha sido tocado en lo fundamental! Basta ver las cifras actuales del Estado (IGAC): 97% de los propietarios con menos del 25% de la tierra, mientras el 0,4% de los propietarios concentra más del 60%, usando para explotación agrícola tan sólo el 2% de ella.

Para el sector minero el gobierno ha acogido el existente plan nacional minero, que busca facilitar la actividad del sector para el denominado segmento tres: empresas de ''alta capacidad de inversión y conocimiento del negocio minero''. Con esto, no se refieren más que a entregar nuestros yacimientos al gran capital extranjero a costa de mayor miseria para nuestro pueblo, junto con la destrucción de ríos, páramos, ecosistemas marinos, bosques y selvas. El actual gobierno viene impulsando más que cualquier otro la inversión extranjera en este sector: tan sólo en enero de este año se invirtieron 1.270 millones de dólares en el sector minero e hidrocarburos, un aumento del 115,4% con respecto al mismo mes del año pasado, esta cantidad representa el 93,4% del total de la inversión extranjera que entró al país en el mismo mes (1).

Para la educación  han preparado la reforma a la ley de educación, que bajo el discurso de mejorar calidad y cobertura, promueve por un lado una mayor inversión de empresarios sedientos de ganancia en las Universidades (lo mismo que ya hicieron con la salud al convertirlo en un lucrativo negocio), donde se "ofrezca el servicio de educación" pasando por encima del derecho básico que se ha ganado el pueblo a educarse, y por otro, más préstamos con el Icetex que cargan a los estudiantes y sus familias con enormes deudas. Esta re-forma, que no tiene absolutamente nada de novedoso, tiene como principal objetivo continuar postrando la educación a los intereses del gran capital privado y continuar reduciendo la financiación esta-tal de la universidad pública, que a pesar de ser sostenida con el sudor del pueblo, un pueblo que necesita de una educación a su servicio, de carácter científica y para el desarrollo de la nación, puede acceder cada vez menos a ella.

Por todo lo anterior, afirmamos que el objetivo del gobierno Santos es reimpulsar el capitalismo burocrático (capitalismo al servicio del imperialismo, impuesto por éste, que no destruye las relaciones feudales existentes sino que las evoluciona), especialmente en el sector primario de la economía, hacerlo más eficiente pero desde luego sin resolver el problema de concentración de la tierra, base de las relaciones semifeudales en el campo y mantenernos postrados como país productor de materias primas bajo los designios del imperialismo, principalmente de los EE.UU., manteniendo también el carácter semicolonial que en los últimos dos siglos hemos padecido.

El pueblo necesita organizarse más y mejor.

Hemos visto cómo el gobierno de Santos mantiene la línea esencial llegada de sus antecesores, cambiando -desde luego- algunas formas, como siempre se hace cada cuatro años. En este caso, buscan "moderar" aspectos del fascismo aplicado por Uribe y profundizar el corporativismo; con nuevas caras y estilos, pero sin cambiar la estructura política, ni el sistema económico. 

El gobierno de Santos es un fiel representante de un amplio sector de las clases dominantes, en especial de la gran burguesía compradora (es decir, del capital minero, agroindustrial y financiero que no pertenece al Estado). Con su gobierno de "unidad nacional" viene intentando hacer un 'control de daños' a las instituciones del Estado tras el gobierno fascista de Uribe del que él mismo participó. El nuevo discurso tecnocrático y demoliberal  (y su vicepresidente "proletario") es un intento para tratar de "relegitimar" el Estado y evitar un estallido de masas como consecuencia de la situación de inconformidad social existente.

Por lo tanto, a pesar de su "nuevo estilo", Santos y su gobierno están muy lejos de resolver los problemas de nuestro pueblo. Tan sólo en las últimas semanas han sido asesinados impunemente más de 15 líderes campesinos, por el simple hecho de reclamar por la vía legal la tierra que les pertenece y que les fue usurpada a sangre y fuego por las clases dominantes. Hechos como estos borran de un plumazo todas esas supuestas "garantías democráticas" y constitucionales de las que tanto nos hablan. Las muertes de estos líderes son la cruel reiteración de nuestra historia, en la que las masas populares han pagado con su sangre los derechos que hoy debemos seguir defiendo.

¿Cuántas veces nos han prometido reforma agraria? ¿Castigo para los crímenes contra el pueblo? ¿Libertad de expresión y democracia? ¿Qué de esto se ha cumplido? ¿Cuánto de esto se ha logrado sin que el pueblo luche por ello?

Desde nuestra perspectiva, esa misma historia demuestra claramente que al pueblo no le queda otro camino distinto a la lucha armada. Este planteamiento sigue siendo tan válido hoy como hace 40 años,  aun cuando las dos organizaciones guerrilleras de oposición más grandes del país estén hablando otra vez de lograr una "solución política al conflicto" y buscar "caminos de paz". Solución que, de acuerdo a sus posiciones políticas, no va más allá de reformar instituciones y conseguir algunos espacios en un Estado que está podrido hasta el tuétano, alejándose cada vez más de la transformación económica, social y política profunda de la nación colombiana.

Desde luego, hay muchos que tildan de anacrónico o revaluado el planteamiento marxista de la toma del poder por la vía violenta, pero la historia sigue demostrando que mientras el pueblo no ejerza el poder con armas en la mano, le seguirán siendo arrebatados sus derechos. En ese sentido, diferentes organizaciones políticas vienen planteando la "unidad" como el problema central que nos impide conseguir dichas transformaciones. Creemos que esto es cierto sólo parcialmente.

Si bien es indispensable contar con un programa genuinamente revolucionario alrededor del cual todos los sectores del pueblo puedan luchar unificadamente por sus reivindicaciones, es necesario aprender de nuestra historia, que señala que las clases dominantes y el imperialismo han recurrido a la violencia siempre que el pueblo ha reclamado sus derechos: masacres, asesinato de líderes sindicales y populares, desapariciones, ejecuciones sumarias, encarcelamiento y exilio han sido la constante. No cabe entonces hablar de una transformación radical de la sociedad, ni de la unidad, sin que ello vaya atado a la necesidad de hacerlo a través de la violencia revolucionaria, o más concretamente, de una guerra revolucionaria de todo el pueblo, una Guerra Popular. De lo anterior se desprenden las que consideramos son las dos tareas fundamentales en las que debe avanzar el pueblo en el presente período.

En primer lugar, es indispensable desarrollar, cualificar y articular las organizaciones campesinas, obreras, estudiantiles, barriales, populares y culturales, que con total justeza vienen reclamando la democratización de la tierra; condiciones de trabajo dignas y alza generalizada del salario; acceso a un sistema de salud de calidad; educación popular y al servicio de la nación con total financiación estatal; castigo a los asesinos del pueblo, que hoy se pasean a sus anchas mientras que personas del pueblo son apresados injustamente por luchar; detener el saqueo de los recursos naturales y la devastación ecológica a manos del gran capital, entre otras muchas reivindicaciones.

En segundo lugar y principalmente, es necesario avanzar hacia la construcción de una organización capaz de unir y orientar todas estas luchas en un sólo torrente revolucionario, indisolublemente ligado a ellas, capaz de sintetizar la rica historia de nuestro pueblo, porque somos descendientes de combativos indígenas como los bravos Pijaos y los inconquistables Tayronas, pueblos que nunca se doblegaron ante la opresión y organizaron la resistencia en el sur y norte del país. Una organización capaz de retomar el legado de libertad de los cimarrones con dirigentes como Benkos Biojó, el legado de rebeldía de los comuneros hace 230 años con Manuela Beltrán y José Antonio Galán, ejemplos de coraje y firmeza en sus convicciones contra la opresión.

Una organización que retome los aportes y experiencia acumulada por los comunistas y revolucionarios en Colombia para reconstituir el Partido Comunista, uno que sea verdaderamente consecuente con su nombre, que inicie y dirija la lucha armada en el campo con complemento necesario en las ciudades, para destruir parte por parte el Estado, construyendo un nuevo poder en zonas cada vez más amplias del país hasta conquistarlo a nivel nacional mediante insurrecciones de masas en las ciudades. Todo esto sobre la base de la unidad de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias de la nación, amplia unidad de un pueblo que demanda cambios reales y profundos. En ello está comprometida la Organización Maoísta.

Hoy primero de mayo, día en que mujeres y hombres en todo el mundo conmemoramos la lucha del proletariado por un mundo nuevo, renovamos la invitación a todas y todos los trabajadores, obreros, campesinos, intelectuales, mujeres y jóvenes a dedicar sus vidas a la más grande tarea de todas: impulsar la locomotora de la revolución.

¡Viva el 1º de mayo día internacional de la clase obrera: rojo, revolucionario e internacionalista!

¡Abajo el gobierno de Santos! ¡Abajo el Estado de grandes burgueses y terratenientes proimperialistas!

¡Por tierra, soberanía y democracia, desarrollar la protesta popular!

¡Avancemos por el sendero que hoy recorren las masas en Guerra Popular prolongada en Perú e India!

¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo y los aportes de validez universal del presidente Gonzalo!